Texas .- La mexicana Irma Carrillo perdió a sus dos hijos hace casi 20 años y desde entonces no ha parado de buscarlos. La hondureña Jesús Reyes vive un infierno similar en busca de su única hija. Ambas temen que entre los miles de restos de migrantes sin nombre que se acumulan en distintos puntos de la frontera sur de Estados Unidos puedan estar sus seres queridos.
El viernes las dos madres, respaldadas por más de 40 organizaciones sociales, oficiales y académicas latinoamericanas y estadounidenses, pidieron a Estados Unidos durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colorado que permitan un cruce masivo de la información genética que tienen porque eso podría llevar a la identificación de sus hijos y de miles de migrantes desaparecidos más.
“Ustedes tienen la facultad, tienen el poder, necesitamos que el ADN que nos sacaron en Honduras, en el banco forense, pueda ser [comparado] con los restos en Estados Unidos para saber si nuestros familiares están ahí o si están vivos”, suplicó Reyes mientras mostraba una foto de su hija.
La petición se abordó por primera vez en el seno de la Comisión, un organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos.
En la última década, diversos colectivos han puesto en marcha iniciativas conjuntas para localizar e identificar a migrantes desaparecidos y cuentan con datos genéticos de más de 4.000 personas.
Por su parte, las autoridades de Estados Unidos llevan años negándose a permitir una comparación masiva con su principal base de datos de ADN, en poder del FBI, con el argumento de que las leyes se lo impiden.
“No creo que haya ninguna discrepancia sobre lo que hay que hacer”, contestó a las madres la representante del FBI en la audiencia, la abogada Paula Wolff. “El único problema es determinar cómo se puede lograr”.
Según Wolff, el FBI está limitado a la hora de compartir sus datos por las directrices de una ley de 1994. Solo puede hacerlo con entidades de justicia criminal, no con laboratorios privados –que son con los que trabajan los colectivos– ni con ONGs, y solo acepta para comparaciones muestras de ADN tomadas en presencia de un policía, algo que muchas veces no es posible, bien porque eso intimida a los migrantes o porque en algunos países no se fían de sus autoridades.
“Hay soluciones”, garantizó Roxanna Altholz, directora del departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley (California). “Lo que nos está impidiendo atajar la angustia y la preocupación de miles [de familias de migrantes desaparecidos] es la burocracia federal (…) y la falta voluntad política”. AP